Está muy difícil actualmente conseguir viviendas en alquiler en España. Además, ésta escasez de viviendas ha provocado que aumenten significativamente los precios de los alquileres. En consecuencia, hay numerosas familias en España, que se les dificulta encontrar una vivienda para alquilar que puedan pagar con sus ingresos.

En este sentido, El PSOE consiguió el apoyo de la Asamblea para activar medidas que reduzcan el número de viviendas deshabitadas. De esta manera fomentar su alquiler social. La diputada Presen López del Grupo Parlamentario Socialista realizó una propuesta a la comisión de política territorial al Parlamento.

Solicitó la necesidad de impulsar programas que contemplen políticas para reducir el número de viviendas deshabitadas. Y que además sean destinadas al mercado del alquiler de interés social.

La diputada justificó su solicitud e indicó, que «cada vez es más urgente contar con un parque de viviendas sociales en alquiler. Con rentas moderadas y racionales para atender las necesidades de los hogares con menores recursos».

La propuesta realizada fue aprobada por unanimidad. Toda la asamblea estuvo de acuerdo con la moción. Asimismo, López pide que se promuevan acuerdos con las entidades bancarias. Así podrían  atender las necesidades de la población que cuenta con menos recursos económicos.

Viviendas de alquiler social

En España el parque de viviendas social es muy bajo. Es el más pobre de toda Europa. En España hay un total de 25,5 millones de viviendas, de esta cantidad solo un 1,5% son de interés social. Es un porcentaje verdaderamente muy bajo al compararlo con el 11% de viviendas como media en Europa.

Por otra parte, de la cantidad total de viviendas protegidas, solo el 2,5% son viviendas de alquiler social. Mientras que en Francia está alrededor del 17%, en el Reino Unido el 21% y el Holanda el 30%.

La Fundación Alternativas y el Housing Europe, consideran que el alquiler social ayudaría a regular los precios del mercado. Además, es la solución para los desahucios.

Por otro lado, tomando como fuente los últimos datos suministrados por el Ministerio de Fomento, en Murcia, se dispone de 2.175 viviendas para alquiler.  Con un precio promedio de 591 euros, hasta diciembre del 2018.

La diputada explicó que al haber un parque suficiente de viviendas es posible conseguir mayor estabilidad en los ciclos inmobiliarios. Además, sería de utilidad para amortiguar los precios de las viviendas en alquiler. Y También favorecería la independencia de las parejas jóvenes.

Asimismo, es más factible la movilidad de los trabajadores y de  mejorar las posibilidades de acceso a la vivienda. En especial para los sectores de la población española que tienen menores ingresos.

La Región de Murcia se encuentra entre los primeros en desahucios, por no poder pagar el alquiler. Se reportan 1.419 desahucios en 2018 por impago de alquiler. Lo que representa un 28% mayor que la segunda región de España.

La diputada plantea como alternativa promover acuerdos con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria S.A. (SAREB) y entidades bancarias. Lograr que cedan sus viviendas deshabitadas a la administración autonómica. Y también a los ayuntamientos de la Región.

De esta manera se podrían destinar al alquiler social para que las puedan acceder las familias de menores recursos. Añade la diputada, «Entendemos que esta fórmula es factible, como también lo es trabajar en nuestra Comunidad para el impulso de programas para la reducción del número de viviendas deshabitadas y fomentar su destino al mercado del alquiler».

Asimismo, recordó en su intervención, que el SAREB en colaboración con la Administración pública, cedió un total de 2.375 inmuebles.  Estos fueron entregados a 11 comunidades autónomas y a 9 ayuntamientos. Los inmuebles, para ser alquilados a precios accesibles, serán puestos a la disposición de colectivos que se encuentren en riesgo de exclusión.

Por otro lado, La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria S.A. tiene 1.600 viviendas sin adjudicar. Están a la espera de llegar a acuerdos con las comunidades y los ayuntamientos, para asignarlas para alquiler social.