Récord en los desahucios por impago de alquiler

En el primer semestre de este año han habido 535 casos de desahucios por impago de alquiler, 29 más que los 506 del mismo período del 2017 terminando este con 892 casos.. Se prevé que este año terminará con un mínimo de 945.

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Los datos de los desahucios por impago fueron recopilados desde enero a julio por el Consejo General del Poder Judicial de Zaragoza. Estos números llevaron a Pablo Híjar concejal de Vivienda del Ayuntamiento a denunciar que se avecina un nuevo y negativo récord.

Estas cifras se deben al aumento del alquiler en la capital asegura el gobierno aragonés. Ya que obedece a la apremiante recuperación económica, debido a la especulación en las rentas. Empujando a las familias a quedar sin la capacidad de pagar el disparo de los precios.

También expuso que hay una fuerte posibilidad de que se superen los números con mínimo 900 desalojos, siendo conservadores. Recriminando las afirmaciones de José Luis Soro consejero de Vivienda que dijo que no había tal especulación.

Híjar argumenta que los desalojos desmienten a cualquiera que pretende afirmar que no existen problemas especulativos en las rentas. Esto incluso incrementa cualquier problema social que enfrenta Aragón.

Se aprobó en las Cortes que se inste al Gobierno a tomar medidas eficientes sobre los precios.

La lucha que ha venido librándose desde hace 5 años parece no perder la tendencia. En el 2013 se presentaron 864 casos, y esta cifra sólo se había superado el año pasado. En el 2014 fueron 779, para bajar en el 2015 con 762 y volver a subir en el 2016 con 790.

La tendencia iguala al resto de las ciudades españolas que también están aumentando sus tarifas. Aunque no todos terminan tocando las puertas gubernamentales, se sospecha que sean muchos adicionales a las cifras oficiales.

Los desahucios invisibles

Proliferan los desahucios invisibles, aquellos que no pueden asumir el disparo repentino del alquiler al finalizar el contrato.

A las familias desahuciadas por impago le esperan problemas superiores, ya que hayan inconvenientes para acceder a otro piso.

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Además, les imponen requisitos casi insondables como si se tratara de una carrera de obstáculos. Estos solicitan que las familias tengan ingresos superiores a los mil euros. Si eres de cualquier minoría migrante o incluso gitana, debes tener una antigüedad laboral de más de un año

Estas formas no concuerdan con el marco de recuperación económica, al contrario, lleva a los inquilinos a la exclusión.

No se puede esconder la realidad tal como se hizo al principio de la burbuja económica inmobiliaria, sería una irresponsabilidad. Solicitó a Pedro Sánchez de Unidos Podemos a cumplir con los acuerdos habitacionales planteados por ellos.

También a la DGA le instó a hacer cumplir la normativa del 2016. Esta permite intervenir en los casos en que se demuestre una maliciosa escalada de precios. El ayuntamiento puede tener la autonomía de actuar ante cualquier quebrantamiento de esta ley.

Los desahucios en la oficina municipal

Ahora mismo se atienden en la Oficina Municipal de Vivienda de Zaragoza unos 174 casos de mediación. De éstos, 84 siguen en tramitaciones, pero se espera que el año termine con 230 nuevos expedientes.

Lo que representa el grueso del trabajo en la oficina, avalando las exigencias que se hacen para ponerle fin al problema. Los desalojos indirectos en los que el inquilino pierde la capacidad de seguir arrendando también son un problema creciente.

Las alternativas hacia trasladarse a otra vivienda que presenta precios más elevados, los dejan prácticamente en la calle. Los nuevos contratos les exigen rentas mínimas de mil euros y contrataciones indefinidas, haciendo inalcanzable la posibilidad de tener techo.

En el que se ha disparado un declarado racismo en el mercado inmobiliario. Puedes ser excluido por pertenecer a otra nacionalidad o etnia. Nada de lo que está pasando concuerda con el modelo de recuperación económica del país.

Datos curiosos
La ley 10/2016 promulga la protección de los aragoneses ante el peligro de la exclusión por desahucios. Donde el gobierno debe emplear los mecanismos necesarios para garantizar una alternativa habitacional para la familia.
Híjar también exige a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España a cumplir con los acuerdos. Para pasar automáticamente los contratos de alquiler de 3 a 5 años. Y que las administraciones públicas puedan ejercer más autoridad en la regulación de los precios de alquiler.

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