Los impagos de alquiler se han disparado pese a que el gobierno ha dispuesto de ayudas económicas en la figura de préstamos blandos o sin interés. Esto se debe a que los principales afectados no solicitan tales créditos por el temor a incrementar sus deudas.

La escasez de ingresos tras la parálisis de la actividad económica tiene su respectivo impacto en el pago de la vivienda. Desde el estallido de la pandemia, la morosidad se incrementó desde un 5 a un 15% tal como lo registró un informe de la Asval, Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler.

La razón de ello es que la mayoría de los arrendadores son trabajadores independientes que se quedaron con poco o nada de ingreso.

El ICO, Instituto de Crédito Oficial, avaló la orden ministerial del Gobierno que regula las ayudas de alquilar a inquilinos afectados por la crisis económica del COVID. Esto es, que los vulnerables que demuestren este derecho a préstamo sin interés pueden recibir 900 euros al mes hasta completar 5.400 euros en forma de microcréditos. Disfrutarán de una forma flexible de pago en un lapso de 6 a 10 años si cumplen con los requisitos.

Muchos inquilinos se reúsan a disfrutar de este aval de ICO al alquiler alegando que no desean incrementar el endeudamiento del que están siendo presa por la reducción de ingreso ante la pérdida de sus empleos.

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Ayuda ¿insuficiente?

Los primeros datos recabados por algunas autonomías señalan que las ayudas son insuficientes en comparación con la gran demanda de las diferentes administraciones.

Los números indican que las ayudas directas cubren el alquiler de 24.100 familias en todo el país, lo que representa un pequeño aporte para la gran necesidad imperante.

Desde Asval consideran que las familias que requieres eta ayuda se incrementaran exponencialmente alcanzando los 250.000 hogares. Como muestra de ellos se encuentra la comunidad de Madrid, en cuya administración cuentan con dinero suficiente para 3.000 ayudas y les han llegado 5.000 solicitudes en los últimos dos meses.

Otras medidas que afectan a los tenedores profesionales con más de 10 viviendas tampoco están sirviendo. El 3% de los inquilinos de los asociados de Asval se acogen a la moratoria, lo que significa que la mayoría prefiere dejar de pagar, en lugar de fraccionarlo o aplazarlo.

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Otra opción

La Asociación propone que se ayude directamente a los arrendadores por medio de un programa de ayuda directa que no endeude a los inquilinos. De manera que podrían acogerse a plazos y fraccionamiento y reducir drásticamente el problema de la morosidad.

Esta sería una opción que disminuiría considerablemente la litigiosidad y mantendría la oferta de viviendas en alquiler. Formaría parte de medidas particulares que solucionarían la inseguridad y no repercute en el cierre de la vivienda.

Beatriz Toribio desde Asval considera que si no se pone solución esta situación, derivaría en los mismos inconvenientes del 2008: aumento de impagos, inestabilidad de respaldo jurídico, incremento en el precio en ciertas zonas y muchas viviendas cerradas.

En el más reciente informe de vivienda efectuado por el Banco de España apunta que el principal problema que afecta a los jóvenes es la demanda de viviendas. Por lo tanto, el organismo concluye en el estudio que la oferta de viviendas accesibles debe incrementarse. Por lo que es vital que exita una intrínseca colaboración público-privada, en pro de buscar soluciones que beneficien a todos.

Aunque la limitación del precio del alquiler no es la mejor de las opciones ya que sus consecuencias podrían ser más destructivas que constructivas.

Beatriz concluye que en esta dura situación hay que sentar las bases para una nueva estructura que destruya los problemas económicos de España y fortalezca la estabilidad familiar asegurándole un teco donde vivir.

Dato de interés

La primera organización de propietarios de viviendas del país Asval, está dirigida por Joan Clos un personaje que siempre ha estado vinculado por años en la Administración pública:

  • Fue Alcalde de Barcelona,
  • Ministro de Industria,
  • Pasó por el departamento de vivienda de la ONU.

La organización que ahora dirige es la responsable en declarar que sus cálculos indican que los impagos de alquiler alcanzan el 15% y se han triplicado por causa de la pandemia. Esto es, que unos 350.000 hogares se encuentran en estado de vulnerabilidad.

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