Prohibición de desahucios equivale a expropiación de viviendas

La prohibición de desahucios equivale a expropiación de viviendas. Y las pérdidas por el nuevo decreto de ley se estiman en más de 9.000 euros por arrendador de vivienda. Así que los dueños de viviendas están inquietos y con gran tensión porque esta norma pone en peligro sus propiedades.

El nuevo decreto ley se aprobó después de tensas semanas de desacuerdos entre los representantes del gobierno, de PSOE y Podemos. Ya que al aprobar la ley se afectará a los grandes tenedores de viviendas, pero también a los dueños de una sola propiedad. Y el dilema es si compensará a todos los dueños de pisos por igual.

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También fue tema de discusión los cortes de suministros de servicios a los domicilios. Así, que fueron varias semanas de discusiones internas entre los ministerios de Derechos Sociales, Transición Ecológica o Movilidad y Agenda Urbana. Mientras que los propietarios de los inmuebles se desesperan por la incertidumbre y el desasosiego.

Por otra parte, hay muchas dudas sobre cómo se llevará a cabo el procedimiento para poner en práctica las medidas para la prohibición del desahucio o la mal llamada nueva alternativa habitacional. Pues debe estar bien definido lo que se considere una “persona vulnerable”, Pero al parecer, las dudas con relación a este concepto están en su máxima expresión.

En este sentido, las asociaciones de propietarios consideran que esta medida es equivalente a una expropiación de la vivienda. Una opinión que comparten las empresas de protección de alquileres. Además de que la compensación para el propietario de vivienda que realizará le gobierno, se determinará por un “índice de referencia”.

Un índice, cabe destacar, que también definirá el ejecutivo nacional. Considerando los precios promedios de alquiler de vivienda en el sector donde se ubica la propiedad. La compensación se activará, solo si el gobierno no consigue solución habitacional al inquilino en un período de tres meses. En caso de no conseguir, se “expropiará la propiedad”.

Un decreto anticonstitucional

Lorenzo Colino, presidente de Renta Garantizada, afirmó que el gobierno utiliza la compensación al propietario, para protegerse y evitar que se declare anticonstitucional el nuevo decreto. Es completamente ilegal, según su opinión y compensando al propietario se evitará una gran cantidad de demandas que surgirán por el daño patrimonial causado.

Es un decreto sin bases legales, señala Lorenzo Colino, sin ninguna justificación jurídica y con justiprecio inclusive.

Con este decreto de Ley se incita al inquilino al impago y, por otra parte, es bien conocido el ritmo del gobierno para hacer efectivas este tipo de medidas. La lentitud con que trabaja la administración pública retrasará sin duda, las indemnizaciones a los propietarios. Al igual que hizo con los ERTE y demás ayudas durante la pandemia.

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En consecuencia, es una amenaza para la oferta de vivienda en España. Pues, aumentarán los precios de los alquileres de inmuebles. Pero, por otra parte, se beneficiarán los grandes promotores de viviendas, ya que se incentiva la compra. No obstante, los jóvenes menos solventes serán los más perjudicados.

Ahora se exigirán mayor cantidad de requisitos financieros, para alquilar una propiedad. Exactamente el efecto contrario de lo que dice el gobierno que busca con esta medida.

En el mismo sentido, José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), también considera a este decreto “una expropiación” de la vivienda. Pues no solo es la imposición de extender los contratos de alquiler, sino la paralización de los desahucios, que ponen en riesgo el patrimonio de los españoles.

Con este decreto opina Zurdo, se expropia “…temporalmente a los propietarios de su derecho de dominio…”. Y por esta acción, el gobierno debe compensar justamente a los dueños de viviendas, afectados. Una cantidad que logre compensar la limitación de dominio a que fue sujeto el propietario.

Es necesario recordarle al gobierno que no solo los inquilinos son vulnerables y fueron impactados por la pandemia. También los propietarios pueden estar vulnerables y sin ingresos a causa de la crisis sanitaria. Y el alquiler es en estos momentos la única manera de sobrevivir.

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Pues, desde la declaración de estado de alarma y suspensión de los lanzamientos han pasado 9 meses, el mismo tiempo que tienen los propietarios sin cobrar alquiler. Y el promedio de morosidad alcanza la cifra de 9.436 euros por propietario, asegura José Ramón Zurdo.