La semana pasada se aprobó la nueva ley de Crédito Inmobiliario. Sin embargo,se vaticina que no ayudará a resolver el problema de acceso a la vivienda. En especial, en comunidades como la Balear. Así lo indican, entidades como la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros  (ADICAE).

Por otra parte las entidades alertan que se intensificarán los desahucios  por impago de alquiler. Ya que en el mercado inmobiliario están presentes cada vez más, fondos que no tienen escrúpulos.

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La portavoz de la ADICAE, Isabel Pons, sostiene que no se han hecho todas las modificaciones necesarias a La ley de Crédito Inmobiliario. En especial  en los aspectos que son  fundamentales para cambiar la situación. Indica asimismo, que la ley debería contemplar pequeños avances para los clientes que convengan contratos de hipotecas para comprar vivienda.

Sin embargo, considera que la ley está muy lejana de regular la compra de las viviendas. No se han hecho los cambios requeridos y por lo tanto esta nueva  normativa  no ayuda a combatir la especulación. En regiones como Balear, por ejemplo, los altos costos es uno de los factores que impiden que se puedan realizar compras.

Por otro lado, el tema referente al alquiler de vivienda también es muy alarmante.  La portavoz de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros asegura que continuarán los desahucios de las viviendas. E inclusive se intensificarán  por la presencia cada vez mayor en el mercado inmobiliario de las sociedades y fondos de especulación.

Medidas de protección al cliente en La ley de Crédito Inmobiliario

Hay que reconocer que La ley de Crédito Inmobiliario incorpora algunas medidas para reforzar la protección del cliente. Tales  como el reparto, entre el banco y el titular, de los gastos relacionados con la hipoteca.

También contempla la supresión de la cláusula suelo y la bajada de los intereses de demora. Además, se da al cliente un plazo de días para que  pueda leer y analizar muy bien su contrato antes de proceder a firmarlo, sin apresurarse.

Se prohíbe además,  vincular de maneraimperativa  otros productos en la concesión de hipotecas. Sin embargo, sí se permite realizar las bonificaciones por productos contratados por el cliente,  de manera  voluntaria. Asimismo, en cuanto a los gastos, se considera que  todos ellos excepto el de tasación, tendrán que ser asumidos explícitamente por las entidades financieras.

El cliente podrá renovar la hipoteca con el objetivo de cambiar las condiciones cuando no esté conforme con las actuales. Por otra parte el banco aceptara las nuevas condiciones. No habrá cobro de ninguna comisión por parte del banco.

Otro aspecto muy importante mencionar, es el hecho de que La figura de notarios y registradores adquiere mayor relevancia. Ellos deberán velar porque haya cumplimiento de todos los requisitos del proceso. Además, deben garantizar que el prestatario conozca  perfectamente qué producto está contratando y cuáles son las condiciones del contrato.

En las hipotecas fijas, Las comisiones de amortización se reducen  al 2% durante los primeros 10 años y al 1,5% en los subsiguientes. Por otro lado, en las hipotecas variables las comisiones serán  del 0.25%. En caso de que se elija amortizar la deuda en tres o cinco años la comisión de amortización será el 1,5%.

Las hipotecas se podrán subrogar en otro banco los préstamos antiguos sin costo, según las condiciones de la nueva Ley. Asimismo, se establecerá un mecanismo de compensación entre las dos entidades implícitas.

El mecanismo estará basado en los intereses que se han cobrado y los que están pendientes por cobrar. Los cuales están vinculados al costo del proceso de formalización del contrato hipotecario.

Por otro lado, otros cambios que también fueron contemplados,  añadirán más dificultades a la concesión de los créditos. Así lo considera la portavoz de la ADICAE. Como por ejemplo la comprobación de la solvencia actual del cliente. A partir de esta nueva ley este aspecto será mucho más exigente.

La nueva ley de crédito inmobiliario, tras el último trámite parlamentario, ha quedado  para publicarla en el BOE  y entrar en vigor para finales de mayo.