Fuertes críticas al gobierno por parar los desahucios de alquiler

El país se encuentra en una situación difícil, pues el impacto de la crisis sanitaria ha afectado la economía del país y de las familias. En esta oportunidad el sector inmobiliario hace fuertes críticas al gobierno por parar los desahucios de alquiler.

Las medidas del gobierno deben fomentar el alquiler, más no lo contrario, manifiestan los afectados. El martes 29 de septiembre el Consejo de Ministro aprobó una nueva prórroga para evitar los desahucios de alquiler.

Faltando solo un día para su vencimiento y en vigor desde el 1 de abril de este año, se anunció que nuevamente se alargaron los plazos.

Ahora, los propietarios de viviendas y entidades públicas tendrán que negociar nuevamente la renta de alquiler. En especial, con los inquilinos más vulnerables y fuertemente afectados por el impacto de la pandemia provocada por la COVID-19.

Las medidas son insuficientes

El sector inmobiliario considera que las medidas tomadas por el gobierno no son suficientes. Pues es necesario valorar la situación de los inquilinos vulnerables, pero también la de los propietarios de las viviendas.

Así lo expresa José Ramón Zurdo, Director General de la Agencia Negociadora del Alquiler, es una medida justa, “…mientras se siga garantizando el pago de la renta…”. Algunos propietarios de viviendas también fueron afectados por la pandemia.

En el mismo sentido, Zurdo manifiesta, que las medidas anunciadas por el gobierno deben considerar  que los propietarios particulares representan el mayor porcentaje (95%) en el mercado de la vivienda de alquiler. Las medidas no tienen por qué perjudicarlos, si estos continúan recibiendo el pago del alquiler.

De esta manera se protege el alquiler en España, pero también a los propietarios que igualmente están afectados por la crisis.

La prórroga para parar los desahucios alarga la morosidad del alquiler. Y por otra parte, los dueños de las viviendas también las recuperarán mucho más tarde de lo planeado.

Por otra parte, la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL), opina en forma similar a Zurdo. Pues considera que a largo plazo los propietarios no querrán alquilar. Por lo que el acceso a viviendas para alquiler será un mayor problema para los más afectados y con menos recursos económicos.

En el mismo contexto, la portavoz de la asociación Beatriz Toribio, expresa, que las medidas que tome el gobierno deben fomentar el alquiler. En especial para apoyar a las personas de mayor vulnerabilidad.

Pero en este caso están haciendo todo lo contrario, pues los propietarios se ven afectados y les quitan los incentivos para alquilar.

Así mismo expresa, que alargar el plazo no es la solución. Es necesario tomar otro tipo de medidas. Como por ejemplo establecer un sistema de ayuda pública para apoyar al más afectado por el impacto de la crisis de la pandemia.

Inseguridad jurídica y menor oferta de alquiler a largo plazo

Esta medida, “genera más inseguridad jurídica y provocará que se contraiga la oferta“. Al final se verá afectado el mercado de alquiler, pues no habrá quien quiera alquilar su propiedad.

ASVAL comparte los mismos argumentos que Beatriz Toribio. Considera que las personas más vulnerables y con menos recursos no son responsabilidad de los propietarios de viviendas. Requieren apoyo del gobierno, y este debería conceder ayudas directas para que estos puedan solucionar su problema y pagar las rentas.

Para ello, hay que tomar ciertas medidas, como por ejemplo poner en marcha un fondo de 700 millones de euros anuales. Asimismo, contar con el apoyo de instituciones privadas, para desarrollar un parque de vivienda social y asequible suficiente.

España tiene déficit en este tipo de viviendas para alquilar, y con la colaboración público-privada es posible desarrollarlas. Pero es la administración quien tiene que liderar y coordinar este tipo de colaboración.

Por otra parte, considera de gran importancia dotar en mayor cuantía, los presupuestos Generales del Estado (PGE) con relación a las políticas de vivienda. Actualmente este presupuesto está alrededor de los 679 millones de euros, mientras que en 2009 era de 1.600 millones de euros.

En lugar de aumentar el presupuesto, al igual que aumentan las necesidades de la población, en especial en momentos de crisis, las cantidades asignadas para el presupuesto general son cada vez menores.