Firman acuerdo de desahucios

El Consejo y el Gobierno regional se presentaron en el juzgado para firmar un acuerdo para activar la detección precoz. Así las autoridades pertinentes podrían estar al tanto de cada caso vulnerable

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Cuando están cumpliéndose casi dos años desde un primer convenio entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Consejo General Poder Judicial.  En el que también se estipulaba informar para evitar desahucios, pero que la administración no tiene registro.

Casto Sánchez, el director provincial de la Consejería de Fomento indicó la vigencia del convenio y la apertura de posibilidades. Sin embargo, se han tenido que paralizar ciertos desahucios por la vulnerabilidad de las familias.

Oficina de Intermediación Hipotecaria

Son 31 casos por impago de hipoteca o alquiler detenidos por la Oficina de Intermediación Hipotecaria (OIH) de Ciudad Real. De los cuales son 10 desde la firma del convenio.

Como declaró el director provincial, quien no negó la existencia de algunos casos de riesgo. De los que no dio datos en respeto a la ley de protección, pero si se ha evitado el desahucio. Aboga por la mediación para resolver el conflicto y dar apoyo a las familias más afectadas.

Sánchez informó que el perfil de los que solicitan ayuda cuando se trata de hipotecas suelen tener entre 35 y 50 años. Españoles, que viven en parejas y tienen hijos bajo su custodia. Su vulnerabilidad radica en que se quedan sin empleo y tienen graves problemas laborales y económicos.

Otro sector afectado es el conformado por las personas mayores. Lo que ha representado un gran esfuerzo por la Oficina de intermediación Hipotecaria. Aplicando el suscrito convenio para evitar desahucios violentos.

La información de que existe una oficina que se ocupa de estos casos facilitando el proceso se ha difundido entre los mismos involucrados. Al contactar con la misma se activa un protocolo de servicio de asesoría legal y social, o ambas de ser necesario.

Se concentran la mayoría de los casos en Ciudad Real capital en Villarrubia de los Ojos, Miguelturra y Almadén. Y otros casos en los municipios más poblados de la provincia. Recuerdan que el convenio existe con motivo de las medidas gubernamentales.

Que aplican a vivienda social y otras medidas humanitarias, y el cese de datos de procedimientos hipotecarios y desahucios. En el convenio también está suscrito el riesgo de exclusión que afecte a los impagos de alquiler.

Así se comunica rápidamente a los profesionales de la oficina de intervención hipotecaria en el inicio del procedimiento. Quizá por medio de los mismos funcionarios del tribunal, siempre que los afectados accedan voluntariamente a ser apoyados.

Consideran injustos sus desalojos

El edificio Hábitat Plus de A Barcala ha permanecido por casi 20 años para que residan personas de tercera edad. Sin embargo, las fallas del negocio terminaron por convertir algunas habitaciones en estudios.

También albergaron personas menores de 30 años o mayores de 65 que cumplieran los requisitos de alquileres sociales. El Concello de Cambre intermedio en un principio con los propietarios. No obstante, estos vendieron el edificio y la nueva compañía no está cumpliendo con las condiciones del contrato.

Los mismos inquilinos denuncian el incumplimiento y los gastos que les imponen no están bien justificados.

Aumento injustificado de los montos a pagar

Una inquilina de 53 años desde el 4 cuando cumplió con una cita en el juzgado para comparecer por la orden de desahucio por impago.

Primero la deuda era de 1.200 euros, pero esta fue incrementándose hasta llegar a 2.800. Aunque la cita fue pospuesta hasta el 2, no tiene esperanza alguna, no tiene cómo pagar y tampoco a donde ir.

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Cuando ella firmó el contrato de alquiler, cancelaba puntualmente 200 euros que incluía el agua fría y la electricidad. Dos años y medio más tarde, sin previo aviso llegaron a cobrarle 400. Solicitó junto a los demás inquilinos que la administración diera justificación de los incrementos, pero esta nunca llegó.

Fueron añadiendo 70 euros por la recolección de desechos, y la electricidad subió de 17 a 40 euros en una noche. Se negó a pagar pues consideró que eran gastos sin explicación y porque tampoco tenía con qué hacerlo. Tras la acumulación de las deudas, la orden de desahucio fue inevitable.

Dato curioso

La manera como el Concello de Cambre intenta una solución es la negociación con la empresa propietaria. Ya que evidentemente no están cumpliendo los convenios requeridos para el alquiler social. Es la confianza que tienen los inquilinos para no quedar en la calle.