El SOMH (Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria) ofrece asistencia técnica a las familias con riesgo de desahucio. En conjunto con la Vivienda de la Región de Murcia inició la primera jornada de formación.

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Estos podrán contar con puntos de información a lo largo de los 45 municipios. Donde los técnicos ofrecerán asistencia a las familias vulnerables a perder el techo por impago.

Este servicio, forma parte de la adaptación de la asistencia regional enfocada al ámbito local. Es derivado de un acuerdo entre la Federación de Municipios de la Región de Murcia y la Comunidad Autónoma. Para mediar la accesibilidad al auxilio gratuito y negociar con los arrendatarios y las entidades acreedoras.

José Antonio Fernández Lladó es el director general de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda presentó las primeras cinco jornadas. Que estarán destinadas a las formación y propaganda del SMOH, con invitación a los técnicos de los Ayuntamientos:

Villanueva del Segura, Fortuna, Archena, Ulea, Ceutí, Alguazas, Murcia Abanilla, Santomera, Ojós. También Abarán, Ricote, Alcantarilla, Molina de Segura, Beniel, Lorquí, Blanca, Las Torres de Cotillas y Cieza

Ayer 21/11/2018 se celebró el segundo encuentro ubicado en la localidad de Cartagena. Posteriormente se llevarán a cabo en Llorca, Caravaca de la Cruz y Yecla.

Fernández Lladó explicó que el Gobierno regional está impulsando el servicio a los municipios para entablar vías de colaboración. Y por supuesto, evitar el drama consecuente de la pérdida de la vivienda. Y recordó que la Comunidad Autónoma lleva cuatro años ofreciendo el servicio.

Orientación a las familias

En la jornada se expuso de forma organizada las funciones que ofrece el servicio regional, que abarcan:

  • Orientaciones generales e información.
  • Asesoría jurídica y financiera a la familia hasta que se finalicen las negociaciones con las entidades hipotecarias.

La función destinada a la asesoría financiera apunta a la consecución de planes de restructuración de la deuda. Las negociaciones incluyen rebaja del tipo de interés, y en vista de una familia vulnerable incluye el alquiler social.

Lladó también recordó la importancia de la colaboración de los colegios de abogados y procuradores. Así como los economistas y diferentes agentes de propiedades inmobiliarias para apoyar a estas familias con riesgo de desahucio.

Otras formaciones de la jornada

También se divulgaron los avances en materia legislativa respecto a los desalojos en años recientes. Fernández Lladó indicó que la normativa vigente protege a las familias de especial vulnerabilidad. Estas pueden conservar su hogar, ya que las entidades están obligadas a la negociación. Además de poder contar con el apoyo económico del alquiler social.

Destacó el avance de la normativa aprobada en marzo del 2017 que protege a los deudores hipotecarios en quiebra. Esta incluye la ampliación de los supuestos de suspensión y lanzamiento. Así como la moratoria por dos años más destinadas a los colectivos vulnerables.
Subvenciones directas a las familias con riesgo de desahucio

Adicionalmente a las orientaciones, la Comunidad Autónoma promueve una serie de subvenciones públicas. Que el Gobierno regional dispuso a las familias dentro del Plan de Vivienda 2018-2021. Donde los afectados pueden acceder hasta los 400 euros mensuales para el financiamiento total de la renta por tres años.

A esta serie de medidas contra el desahucio se le suma una red de más de tres mil viviendas públicas. Para que las ocupen las familias sin recursos en régimen de alquiler.

Viviendas públicas en España

El ministerio de Fomento ordena viviendas públicas para jóvenes, adultos mayores y víctimas de violencia doméstica. Para ello ha firmado acuerdos para su construcción en unos 6 años.

Fomento reconoce el error de dejar de construir parques públicos en estos años. Por lo que no ha podido suministrar un colchón a las familias vulnerables en la época de crisis económica.

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Para combatir las consecuencias de este error, el ejecutivo planea la construcción de 20.000 viviendas públicas en España. La secretaria general de Vivienda Helena Beunza declara que cuenta con el apoyo de las comunidades autónomas. Además de los ayuntamientos, empresas públicas, privadas y la SEPS ( Sociedad que gestiona el suelo público)

Serán beneficiado los colectivos menos destacados como lo son la población joven, las víctimas de violencia doméstica y personas mayores. La inclusión de estos sectores, no limita a que en un futuro el abanico se abra a otros colectivos vulnerables.

Dato curioso

Los estudios realizados indican que la inversión pública de la vivienda muestra una caída de 1.400 millones en el 2009. Hasta 600 millones hace dos años. Es comparable a los niveles establecidos entre los años 1940 y 1959. Análisis de ‘Fundipax’ y ‘Fundación Alternativas’.