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El 16 de abril, Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián aprobó la moción presentada por Stop Desahucios. Por medio del mismo, el Gobierno Vasco y el Consistorio acordarán un código de buenas prácticas.

Este acuerdo se aplicará en sus relaciones con la Socimi (sociedad cotizada anónima) Testa Inmobiliaria en Benta Berri. De forma que intervendrá en las demandas de desahucio por impago alquiler en las VPOs.

El comunicado de la asociación de vecinos de Alokairu de Benta Berri y Stop Desahucios mostró su satisfacción ante los acuerdos unánimes. La iniciativa promueve que las dos administraciones implicadas puedan adoptar medidas de prevención de desahucios. En esta promoción VPO, con características similares por impago de alquiler.

Stop desahucios indicó la ubicación de diferentes viviendas que cuentan con protección oficial de arrendamiento en régimen regular:

  • En Zumaia, hay 20.
  • En Tolosa, hay 21
  • 40 en Errenteria
  • En Gipuzkoa hay 33, y
  • 52 en Lasarte.

De estas viviendas, en Tolosa, Lasarte y Zumaia; la protección de los precios de los alquileres está garantizada por 20 años. Siempre que las promociones adjudicadas sean anteriores al 2003, igual que en Benta Berri.

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Protección Permanente

En lo que respecta a Zumaia los alquileres podrán liberarse en el 2022, y en el 2026 en el caso de Tolosa. El resto de las promociones que se adjudicaron después del 2003 cuentan con protección de alquileres permanente.

La calificación de permanente en el régimen general de Euskadi, han sido cuestionadas por la patronal de construcción. Todas las construcciones VPO en Euskadi después del 2020, en las que participan fondos de inversión tendrán otra aplicación. Estas deberán ser de alquiler, aplicándole la Ley vasca de Vivienda.

La patronal de construcción le exige al Gobierno Vasco que se descalifiquen como permanentes. Requieren que vuelvan a la condición anterior de protección por 20 o 30 años.

El Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco indicó que la promoción de Benta Berri fue de régimen general de arrendamiento. Será protegida hasta el 2028, pero que pasarán a formar parte del patrimonio público en el 2068. Este organismo declaró que ya han intervenido un par de veces para extender ese período obligatorio de alquiler. También negará rotundamente su cesión, a cualquier fondo privado y especulador.

Viviendas protegidas bajo amenaza de especulación

Se han detectado 166 viviendas en riesgo de especulación en Benta-Berri a pesar de contar con protección de alquiler. Stop desahucios alertó que esas empresas son propietarias de las promociones en varias localidades.

Están en Zumaia, Tolosa, Errenteria, Lasarte, e Irun y podrían disparar sus precios cuando queden en un régimen libre. Estas irregularidades resultaron del fruto de las investigaciones abiertas por la plataforma Stop Desahucios.

Comenzó las pesquisas con la finalidad de saber si en Gipuzkoa existen similitudes a Benta-Berri, es decir, sujetas a incremento. Ya que una vez vencido el plazo de protección sean centro de precios desmedidos al pasar al régimen de libre mercado.

Hasta el momento se había considerado a Benta-Berri como un extraño caso aislado. Pero resulta que por lo menos 166 viviendas corren la misma suerte en Gipuzkoa. Rosa García, la portavoz de Stop Desahucios obtuvo este dato de la Delegación territorial de Vivienda.

Ella declaró abiertamente esta información en la entrada del Ayuntamiento de Donostia, junto al menos 50 vecinos. Estos eran del barrio El Antiguo, residentes de pisos de alquiler social en Benta-Berri.

Angustiados por el porvenir, contando que falta 9 años de plazo para la protección del alquiler de sus viviendas.

Para el 2020 absolutamente todas las promociones públicas serán alquileres. Considerando que la mayoría de los 64.000 demandantes de vivienda social que están inscritos en el registro autónomo, lo reclaman de ese modo.

Datos curiosos

Además de acordar el código de buenas prácticas aprobado en el Consistorio de Donostia. En el que se evite a los deudores de buena fe a la interposición de demandas de desahucio por impago de alquiler.

También se instó al Gobierno Vasco de ofrecer la información sobre la cantidad de viviendas públicas de Donostia en menos de fondos especuladores.

Esta cuestión está siendo objeto de estudio por expertos de la ONU. Estos se dirigieron a la multinacional y gran inversora del sector inmobiliario Blakstone, quienes condenan las cuotas de indignantes por disparar los precios sin respetar ningún régimen.

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